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PONTEVEDRA: El Concello apuesta ahora por aprobar este mismo año la «ITV» de edificios

En noviembre del año pasado el teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Antón Louro, aludía a la crisis para opinar que no era el momento idóneo para implantar en Pontevedra la Inspección Técnica de Edificios (ITE), «porque suporía unha carga económica para as comunidades de propietarios».
Las cosas parecen haber cambiado, al menos en el área municipal de Urbanismo, y ayer el propio Louro anunció que quiere aprobar este mismo año la ordenanza que obligará a realizar este tipo de inspecciones en todos los inmuebles del municipio, sean edificios colectivos o viviendas unifamiliares.
El teniente de alcalde matizó que el Concello está obligado a aprobar dicha ordenanza «para dar cumprimiento ás obrigas derivadas da la Lei de Urbanismo de Galicia como al Real Decreto 8/2011, do Estado».
Ambas norativas obligan a pasar este tipo de inspección a los edificios con antigüedad superior a los cincuenta años, si bien en Pontevedra se baraja, igual que han hecho otras ciudades gallegas, que sea obligatorio a partir de los treinta años de la fecha de la construcción.
Pontevedra únicamente dispone en la actualidad de una ordenanza de 1999 que obliga a los propietarios a revisar regularmente las fachadas de aplacados de piedra. Esta normaa y el bando de ornato que edita cada año el Concello ha llevado a inspeccionar en la última década más de dos mil edificios, de los aproximadamente doce mil que hay en el municipio.
Louro valoró ayer que dicha ordenanza ha quedado «obsoleta, sobrepasada» y que es necesario ir un paso más allá: hacia la ITE, «que ven ser o mesmo que ITV dos vehículos, pero aplicada ás construccións». En los últimos años, el Concello ha mantenido contactos tanto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia -con el que hoy mismo está prevista una nueva reunión- como con el de Ingenieros Industriales para analizar la elaboración de esta ordenanza. Se plantea la necesidad de contar con una normativa municipal que vaya más allá de la mera revisión de fachadas o del grado de conservación estructural y se ocupe también de cuestiones como las instalaciones eléctricas, de gas o de agua.
La normativa municipal dirimirá también qué tipo de profesional estará cualificado para emitir los certificados.
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