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OURENSE: El Concello prorroga un año más la inspección técnica para los edificios con más de cien años.

Los propietarios de los inmuebles construidos hace más de cien años contarán con un mayor margen de maniobra para realizar las Inspecciones Técnicas de Edificios, las conocidas como ITEs, después de que se aprobase en el pleno de ayer una prórroga de un año, ya que el plazo finalizaba el próximo 31 de diciembre. La moción que presentó el BNG planteaba una ampliación en el horizonte del 31 de marzo de 2013, pero los socialistas presentaron una enmienda, posteriormente aceptada, que lo establece finalmente el 31 de diciembre de 2013.
Aunque todos los grupos políticos estaban en la misma sintonía, la de ampliar el plazo, eso no evitó que se produjese un debate en el que tanto el grupo del Partido Popular como el de Democracia Ourensana denunciaron la "mala gestión" realizada, sobre todo en lo que a información se refiere, debido a que a menos de un mes para finalizar el plazo, tan solo el 15% de los más de 3.500 edificios afectados habían cumplido la normativa municipal y realizaron la correspondiente inspección técnica, como recalcó en su iniciativa el portavoz nacionalista, Xosé Somoza.
La edil de DO, Susana Gómez, dirigió sus críticas hacia la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, debido a que tanto PSOE como BNG, por aquel entonces en el bipartito, rechazaron una iniciativa relativa a que se realizasen las notificaciones certificadas, alegando que "no había dinero", y sobre todo por afirmar en una jornada sobre las ITEs la propia responsable de Urbanismo que "es a base de multas coercitivas como se pondrá en marcha la ordenanza".
En esa misma línea se pronunció la concejal popular Mónica Mourelo, que cuestionó el argumento de Soto, en el sentido de que "nos dice que no hay dinero para notificar a los propietarios que deben realizar la inspección, pero luego sí lo hay para notificar las multas coercitivas".
La edil de Urbanismo, además de acusar a Susana Gómez de intentar, con sus críticas, que "todo huela mal", y a Mónica Mourelo, siguiendo la estrategia del PP, de "chillar" a falta de argumentos, hizo referencia a que la ley de Galicia es clara, en el sentido de que los propietarios de todas las viviendas que tienen el deber de realizar la inspección técnica, asumiendo su coste, y de nuevo dejar la puerta abierta a la "externalización" del servicio, como sucede en otras ciudades.
Lo que también se contempla en el acuerdo es la concesión de ayudas para realizar las inspecciones, en el caso de aquellas personas afectadas por la crisis, así como a la ejecución de las obras derivadas de las inspecciones realizadas con resultado desfavorable, como subrayó Xosé Somoza.
A este respecto, Mourelo critico que no se aceptase la propuesta alternativa que presentaron los populares, por entender que es la "más justa, coherente y menos costosa", como es la de poner a disposición de esas personas los técnicos municipales o convenios de colaboración con profesionales para realizar los informes. Reprochó a los nacionalistas que cuando estaban compartiendo el gobierno bipartito con los socialistas no planteasen ninguna medida, y sí lo hacen ahora, así como de ser "cómplices" de las negativas de la edil de Urbanismo a las propuestas de populares y DO, algo que le llevó a calificar de "insólito" la actuación del BNG.
Estando de acuerdo en las ayudas, y de indicar a la concejala de Urbanismo que dispone de personal suficiente en su departamento para prestar ese servicio, plantea que los 60.000 euros que costaría el director xeral de Rehabilitación, puesto que está vacante desde la marcha de Somoza y la ruptura del bipartito, se destine a las inspecciones, como esas ayudas para la ejecución de las obras derivadas de los informes desfavorables.
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